Procedimiento para crear un mecanismo de pago a proveedores de entidades locales

El BOE de ayer, 25 de febreo, publica el Real Decreto-Ley 4/2012 por el que se determinan las obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. Reconociendo el Gobierno la dificilísima situación económica de muchas empresas que proveen a la Administración de bienes y servicios, derivada del incumplimiento de los plazos legales de pago, y el fracaso de medidas anteriores destinadas a resolver esta situación, este procedimiento pretende ser el definitivo para que dicha situación se normalize y se pueda definir un instrumento financiero que así lo permita.

Sin embargo, y a pesar de la urgencia, este texto no es más que una primera parte de las acciones a tomar, por lo que las empresas deberán todavía esperar a que se definan las condiciones de ese instrumento. Además este texto sólo pretende abordar las deudas de las entidades locales, por lo que los proveedores de las Comunidades Autónomas no podrán acogerse a este sistema.

¿En qué consiste este procedimiento?

Lo primero que pretende en Gobierno es clarificar la situación. Para ello insta a los Ayuntamientos a enviar, antes del 15 de marzo, un informe con todos los pagos pendientes correspondiente a facturas de proveedores anteriores al 1 de enero de 2012.

Posteriormente a esto y con fecha 31 de marzo de 2012, estas Administraciones Públicas deberán enviar al Gobierno un plan de ajuste para definir el plazo y modo de amortización de esas deudas contraidas.

En una fase posterior, el Gobierno creará un mecanismo de financiación a través del cuál, y mediante la colaboración y el aval del Estado ante determinadas entidades financieras, las empresas podrán cobrar esas facturas. Para ello el Gobierno fijará una serie de criterios para establecer la prioridad de los pagos y que se fijan por:

  • El descuento ofertado sobre el importe del principal de la obligación pendiente de pago.
  • Que se trate de una obligación pendiente de pago cuya exigibilidad se haya instado ante los Tribunales de Justicia antes del 1 de enero de 2012.
  • La antigüedad de la obligación pendiente de pago.

¿Qué supone esta medida?

En teoría es un sistema que permitirá a la empresas recuperar la liquidez necesaria para seguir trabajando y cobrar esas facturas pendientes. Sin embargo puede resultar insuficiente desde el punto de vista de que sólo afecta a los Ayuntamientos (que acumulan unos 15.000 millones de euros en impagos de un total de deuda que puede alcanzar los 40.000 millones).

Por otro lado se está pidiendo un esfuerzo extra a las propias empresas, que ya han adelantado el IVA de esas facturas, han estado financiando a la Administración, han de renunciar a los intereses de demora que por ley les corresponden y, además, se les “ofrece” que accedan a renunciar a parte de la cantidad adeudada para acceder al cobro con mayor rapidez.

El éxito de esta medida estará en función de la urgencia de las empresas por cobrar y de lo dispuestas que estén a renunciar a todo lo comentado anteriormente. Además no se habla de qué tipo de interés asociado a ese instrumento cobrarán los bancos que paguen esos “anticipos”, ni si serán también las empresas o la Administración quien pague esos intereses.

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Imagen | La Moncloa

Mister Empresa es Master en Asesoría Fiscal y Contabilidad. Consultor empresarial y formador de emprendedores, pertenece a la red de mentores de empresas de la Xunta de Galicia y escribe en Pymes y Autónomos y en Actibva .
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