Plan de afloramiento para el empleo sumergido: más sanciones para empresas y trabajadores


El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó el nuevo decreto para la lucha contra la economía sumergida. Este decreto pretende aflorar parte de los empleos que existen al margen de la Seguridad Social y quiere reducir los índices de economía sumergida que manejamos a día de hoy.

A pesar de que no existen estadísticas oficiales sobre la economía sumergida, nos encontramos ante un segmento de la economía que siempre a existido y va a seguir existiendo, dado que el origen y desarrollo de los trabajos al margen de la ley, no es una mera cuestión de la brutal crisis en la que nos encontramos. No obstante, el plan para la economía sumergida presenta algunas novedades importantes que repercuten directamente a las empresas.

Periodo de gracia para regularizar trabajadores sin contrato

El primer punto que contempla el decreto para luchar contra la economía sumergida consiste en el otorgamiento de un periodo de gracia, hasta el 31 de julio por el que las empresas podrán regularizar los trabajadores que no tengan en alta laboral sin sanciones ni investigaciones. No obstante, estas altas no podrán ser retroactivas y no computarán a ningún efecto, ni para la empresa abonando las cotizaciones anteriores ni para el trabajador a efectos de futuras prestaciones como la jubilación.

Esta medida, simplemente sirve para motivar a las empresas que tengan trabajadores en situación irregular para que tramiten el alta de los mismos, dado que el aumento de las sanciones para las empresas y para los trabajadores es de una cuantía importante. Además, según el Ministro, la inspección de Trabajo y la Seguridad Social no mirarán el pasado de los trabajadores ni existirán listas negras de empresas que tramiten altas de los trabajadores en este periodo.

Nuevas sanciones a las empresas y a los trabajadores y más inspecciones de trabajo

Este texto legal para luchar contra la economía sumergida, es un texto claramente sancionador que persigue aumentar el baremo de importes de sanción para las empresas que no cumplan correctamente con la legislación laboral y para los trabajadores que se beneficien de prestaciones públicas y estén trabajando al margen de la Seguridad Social.

Tal y como vemos en el cuadro superior se aumentan los límites e importes de las sanciones a las empresas que tengan trabajadores sin el oportuno alta laboral desde los 600 euros a los 3.126 euros como mínimo y se aumenta el límite superior de las sanciones desde los 6.250 euros a los 10.000 euros.

Para los trabajadores que estén cobrando el desempleo o cualquier otro tipo de prestación pública incompatible con el trabajo, las sanciones aumentan sustancialmente, desde un mínimo de 10.000 euros a un máximo de 187.000 euros. Tal y como hemos dicho anteriormente, el aumento de las sanciones persigue el miedo a la misma y que los trabajadores y empresas no se encuentren tentados al trabajo en negro y al cobro simultáneo del desempleo o pensiones públicas.

Este plan se ve reforzado a la vez por un aumento de las inspecciones de trabajo a realizar y por el establecimiento de unas lineas de coordinación entre las diferentes comunidades autónomas que tienen cedidas parcialmente las materias de empleo. En el campo de inspección, no ha transcendido si se aumentarán los efectivos, si se abrirán nuevas líneas de investigación de empleo sumergido ni si se va a potenciar y facilitar el mecanismo actual de denuncias.

Conclusiones sobre el decreto contra el empleo sumergido

Tal y como podemos apreciar, este decreto sólo aporta unos intervalos mayores de sanciones y un mayor control sobre el empleo sumergido. Es un decreto realmente pobre en medidas innovadoras que atajen el empleo sumergido y también tenemos que no favorece los trámites de altas de empresas, no contempla la posibilidad de un régimen de autónomos flexible y tampoco contempla ninguna opción para aquellos trabajos de escasa cuantía o esporádicos que no permiten el alta en autónomos por eficiencia económica.

Un decreto para atajar la economía sumergida debe atacar al régimen sancionador, pero no puede obviar la realidad económica de todos aquellos sectores alegales o las funciones que llevan a cabo muchos profesionales y trabajadores por su cuenta dentro de la economía de subsistencia que practican a día de hoy muchos parados. Esperaremos a la publicación final del texto legal en el BOE pero no debemos esperar un gran éxito en la mejora del empleo y disminución de la competencia desleal.

Más Información | La Moncloa
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Remo es licenciado en Química y LADE, relacionado con la dirección financiera y fiscal de empresas. Escribe habitualmente en los blogs Pymes y Autónomos y El Blog Salmón.

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