La medidas para el control de la morosidad

Recientemente se aprobó la Ley 15/2010 por la que se establecen las nuevas medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Esta Ley sustituye a la 3/2004, que regía estas situaciones, y pretende establecer un nuevo marco que reduzca el riesgo de impago en las operaciones mercantiles. Esta es una de las causas que más inciden, en estos momentos de crisis, en la falta de liquidez de muchas empresas y que ha llevado a la desaparición de no pocas pymes.

Modificación de los plazos de pago a proveedores

Uno de los aspectos más importantes, si cabe el que más, que regula el nuevo marco normativo, se refiere a los plazos de pago a proveedores. La nueva Ley fija un plazo máximo de 60 días para que las empresas hagan efectivo el pagos de facturas a sus proveedores. Este plazo se reduce a 30 días en el caso de las Administraciones Públicas.

Se aplicará un periodo transitorio para alcanzar estos plazos. El objetivo está en que en 2013 se apliquen estos plazos, sin demora posible. Para 2010 y 2011, las empresas privadas deberán pagar a sus proveedores en 85 días, el plazo se reducirá a 75 días en el 2012 y, finalmente, a 60 días en el 2013

Se pretende en que las Administraciones Públicas se aplique ese periodo transitorio, rebajando el plazo de pago a 50 días este año y el 2011, 45 días para el 2012 y, por último, 30 días para el 2013.

Excepciones a estos plazos

Hay algunas excepciones a los plazos y periodos transitorios antes citados. Una de ellas se refiere a las empresas del sector de la alimentación y productos perecederos, que deberán pagar en 30 días en todos los casos.

En los caos de las constructoras de Obra Pública, éstas también tendrán unos plazos distintos. El periodo máximo de pago de estas empresas a subcontratistas y proveedores, que hasta ahora era superior a los cien días, se fijará en 120 días hasta el 31 de diciembre de 2011, se rebajará a 90 días en 2012 y quedará definitivamente fijado en 60 días en 2013.

Otras medidas

Además, la Ley establece que la obligación, para todas las empresas, de hacer constar en la memoria de sus cuentas anuales, los plazos en los que abonan las facturas a sus proveedores.

Se establecerá una regulación específica para el sector del libro, considerando la existencia de unas circunstancias especiales en este sector derivado de los ciclos de explotación, la rotación de stocks y el específico régimen de depósito de libros.

En caso de mora, el acreedor podrá reclamar una indemnización por los costes de cobro que haya sufrido, que deberán estar debidamente acreditados. La indemnización no podrá superar el 15% de la deuda, exceptuando las deuda inferiores a 30.000 euros, en los que el límite de la indemnización estará constituido por el importe de la deuda. El deudor no estará obligado a pagar esta indemnización si no es responsable del retraso en el pago.

Consecuencias de esta Ley

Las consecuencias en la aplicación de esta Ley están todavía por comprobar. Se intenta, con esta nueva normativa, agilizar los pagos, reducir la morosidad y evitar que ésta provoque una falta de liquidez en las pymes que pueda llevarles a su desaparición.

De todas formas, la Ley será inútil si no hay un control efectivo de la morosidad en el sector público. De nada sirve la reducción de los plazos, si las propias Administraciones son la primeras en incumplirlos.

Al contrario, puede provocar un ahogo mayor para las empresas privadas, que deberán agilizar más los pagos, mientras pueden seguir sufriendo los retrasos en el cobro de sus facturas por parte de Ayuntamientos, Diputaciones, Comunidades Autónomos o, incluso, el Gobierno Central.

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Imagen | quaziefoto

Mister Empresa es Master en Asesoría Fiscal y Contabilidad. Consultor empresarial y formador de emprendedores, pertenece a la red de mentores de empresas de la Xunta de Galicia y escribe en Pymes y Autónomos y en Yo llego a fin de mes.

Colaborador, de Blog Sage Experience.

Puedes seguirlo en Twitter en @misterempresa