La Ley Concursal se modifica de nuevo para favorecer la continuidad de las empresas

mano con dinero

El pasado 5 de septiembre se publicó el Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, que introduce modificaciones en la Ley Concursal. El decreto pretende flexibilizar la legislación que se venía aplicando hasta la fecha, a fin de reducir el número de empresas en concurso que se acaban liquidando.

Las modificaciones versan sobre tres ejes. El primero de ellos es el compromiso de favorecer a las empresas que puedan ser economicamente viables, como una manera de impulsar la economía y el mantenimiento del empleo. El segundo introduce una nueva consideración de los acuerdos de refinanciación que se producen en la fase pre-concursal, concretamente sobre el tratamiento de los créditos privilegiados. Estos créditos se presentan a medida como un obstáculo que impide que la negociación salga adelantes. El tercero realiza un análisis de las garantías reales para ajustarlas a su verdadero valor eonómico.

Analicemos en detalle cada uno de estos puntos.

Garantizar la continuidad de las empresas viables

Se introducen medidas que permiten facilitar la transmisión de la empresa durante la tramitación del proceso concursal, como un hecho favorable para los empleados, los acreedores y la economía en general.

Se permite la transmisión de contratos y licencias sin el consentimiento de terceros, incluida la administración. Se permite también la transmisión de unidades productivas libres de obligaciones de pago preexistentes, salvo en ciertos casos como el de los salarios y las obligaciones seguridad social. También se permite la venta de unidades productivas con bienes dados en garantía, eliminando el consentimiento del acreedor si el adquirente ocupa el lugar del deudor o si percibe el valor de la garantía. En otro caso, se prevén mayorías de arrastre.

Favorecer los acuerdos con los acreedores

Se amplia el quorum de la junta de acreedores, dando derecho a voto a algunos que antes no lo tenían. De este modo, ahora podrán votar aquellos que hayan adquirido sus derechos de crédito con posterioridad a la declaración de concurso.

La nueva norma amplia las posibilidades de extensión de los efectos del convenio a los acreedores disidentes, sobre todo en el caso de los acreedores privilegiados, en función de las mayorías que voten a favor. La condición es que voten a favor del mismo acreedores que representen el 60% o el 75% del pasivo de cada una de las clases de créditos. De este modo, los disidentes se verán afectados por quitas de más del 50%, prórrogas en el pago entre 5 y 10 años, transformación de deuda en instrumentos financieros y cesión de bienes o derechos en pago de créditos.

Nuevo tratamiento de las garantías reales

Se mantiene la condición de créditos privilegiados, pero se crean cuatro clases diferenciadas. Se distinguirán los acreedores laborales, los públicos, financieros y el resto. Dentro de los créditos con privilegio especial, se redefine este como el 9/10 del valor razonable del bien o derecho sobre el que se ha constituido la garantía, una vez deducidas las deudas preferentes.

En definitiva, las medidas adoptadas pretenden apoyar la resolución del concurso, dando a la empresa mayor facilidad para hacer frente a la deuda e intentando evitar que unos acreedores salgan más perjudicados que otros.

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Imagen | M.P Fotografías

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