¿Qué es el dumping fiscal y por qué las diferentes autonomías se pelean por atraer a las empresas?

Todas las empresas buscan ajustar el pago de sus impuestos al mínimo posible. Una de las cuestiones que marca de forma importante cuánto van a pagar puede depender de dónde tiene su sede social. En España, las diferentes autonomías tienen margen para regular determinados impuestos. De esta forma, la misma empresa puede pagar menos tasas si se ubica en una comunidad u otra. Es lo que se conoce como dumping fiscal, que provoca que las diferentes autonomías se peleen por atraer a las empresas.

¿Cuál sería la oferta para los empresarios? Una fiscalidad más amable, es decir, con unos tipos impositivos más bajos en los impuestos que tienen que pagar las empresas. Esto hace que muchas sitúen sus sedes sociales en estos territorios, aunque luego los centros de producción o distribución estén repartidos por todo el territorio nacional.

Para las autonomías supone una fuente de ingresos extras, ya que de otra forma estas firmas no tendrían su sede en su territorio, quedándose allí donde tengan su centro operativo. Este movimiento provoca tensiones importantes entre las diferentes comunidades, que ven cómo sus empresas se mudan a otra autonomía buscando un mejor tratamiento fiscal.

¿A qué impuestos afecta el dumping fiscal?

Las Comunidades Autónomas actúan sobre determinados impuestos que afectan tanto a personas como a empresas. A esto hay que añadir que País Vasco y Navarra tienen un concierto económico especial. En este caso quedarían fuera de lugar en la comparación. Los impuestos en los que las autonomías pueden decidir subir o bajar son:

  • Impuesto sobre el patrimonio, también conocido como el impuesto de las grandes fortuna. Afecta al patrimonio de las personas que tienen más de una determinada cantidad, por encima de los 2 millones de euros.
  • Sucesiones y donaciones, uno de los más polémicos, porque en muchas comunidades se ha dejado a cero, provocando que muchos ciudadanos cambien de residencia a estas autonomías cuando quieren realizar una donación o ven que se acerca el final de su vida.
  • Impuestos medioambientales que afectan a las empresas. En esta materia suele haber muchas quejas por parte de las diferentes comunidades, con industrias que se sitúan en zonas limítrofes entre unas y otras, ubicándose allí donde fiscalmente es más rentable, pero, al ser fronterizas, afectando su actividad a poblaciones de ambas comunidades.
  • Impuestos sobre bienes e inmuebles que recaudan ayuntamientos, pero que pueden suponer una gran diferencia si se emplazan en un municipio u otro. Lo mismo ocurre con el impuesto a vehículos de tracción mecánica, que en muchos Ayuntamientos, sobre todo los pequeños, es muy bajo tratando de captar recursos para que se ubiquen allí empresas de alquiler de vehículos. Además, a mayor cantidad de vehículos en la empresa más rentable sale el cambio.

La autonomía fiscal y la competencia con Europa

Lo cierto es que en muchas empresas la queja se deriva más de la competencia que se ejerce con otros países de la Unión Europea que dan un tratamiento fiscal más beneficioso a las grandes empresas. Luego éstas, a través de diferentes mecanismos de ingeniería fiscal, derivan sus ganancias obtenidas en los diferentes territorios de la Unión hacia la empresa ubicada en el que tenga un mejor tratamiento fiscal. Irlanda y Luxemburgo están en el disparadero por este tipo de situaciones.

Ejemplos hay muchos, como el de Apple en España, que paga muchos menos impuestos que los que paga una pyme con ingresos inferiores, al ubicar su sede principal para Europa en Irlanda con un tipo real efectivo del 0,005%. Esto supone una dura competencia para otras empresas tecnológicas que tratan de competir.

Para evitar este tipo de situaciones, tanto en el caso de personas como de empresas, lo que se reclama es que existan unos límites máximos y mínimos que los diferentes estados, pero también las autonomías, puedan aplicar, evitando que, en este caso, la tributación pueda producir grandes desigualdades.

En otros casos lo que se reclama es una mayor autonomía fiscal por parte de las diferentes comunidades, algo que tendrá que negociarse de forma conjunta como un nuevo pacto de financiación autonómica. De esta forma se competiría entre ellas por captar empresas a cambio de una mejor fiscalidad. Esto beneficiaría sobre todo a las comunidades con más recursos, ya que tienen más margen para poder ajustar sus impuestos.

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